(del Blog de la Academia Alfonsiana)
El 6 de julio de 2020, 120 obispos de todo el mundo firmaron un llamamiento de CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité), que es la organización fundada en 1967 para coordinar el compromiso con algunos objetivos señalados por el Concilio Vaticano II tan importante para promover la paz mundial, incluida la atención a los pobres y oprimidos y la promoción de la justicia a nivel mundial. Con este fin, CIDSE es una estructura que agrupa y coordina agencias católicas para la promoción del desarrollo y la solidaridad en Europa y América del Norte.
El llamamiento recuerda la necesidad urgente de debida diligencia o una investigación y análisis en profundidad de datos e información para identificar las criticidades conectadas a la cadena de suministro global que, al conectar fábricas de todo el mundo , cruza fronteras nacionales. El propósito de esta investigación es brindar herramientas de protección adecuadas para evitar abusos, garantizar la solidaridad global y el respeto a los derechos humanos. De hecho, cada vez son más las empresas “irresponsables” que con sus actividades se vuelven cómplices de situaciones de injusticia, violación de los derechos humanos y explotación de los trabajadores de cuyo trabajo, sin embargo, depende gran parte del mundo.
Es un hecho que en los últimos años han estallado varios escándalos que involucran a empresas multinacionales y transnacionales, cuestionando la moralidad del sistema económico actual, que privilegia sistemáticamente los intereses privados a expensas del bien común y los intereses de la familia humana global. Baste recordar el escándalo de los papeles de Panamá (2016) sobre la evasión fiscal gracias a los paraísos fiscales, que revelaron la sustracción de recursos que podrían utilizarse para construir y mantener servicios públicos como hospitales o escuelas; el dieselgate (2015) que expuso la falsificación de datos sobre emisiones contaminantes de automóviles vendidos en los Estados Unidos de América y en Europa; las industrias de la confección aprovechan el trabajo mal remunerado sin ninguna protección en el Sur global para producir a muy bajos costos. Con el agravante de que cuando las empresas transnacionales ven sus intereses amenazados por las leyes ambientales o sociales, a su vez, se defienden amenazando a los Estados para emprender acciones legales, mediante el uso del Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), un instrumento de derecho público internacional previsto en la generalidad de los tratados de inversión bilaterales y multilaterales, que garantiza a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de resolución de disputas contra el gobierno extranjero anfitrión. Amenaza de cierta efectividad si tenemos en cuenta que en 2014, por ejemplo, el 53% de los conflictos se resolvieron con un acuerdo o con un fallo a favor de la empresa.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo las empresas multinacionales y transnacionales se benefician de una regulación internacional débil para proteger el bien común, que favorece las ganancias y los intereses privados. Sin embargo, en una fase histórica como la actual en la que la pandemia del coronavirus ha trastornado muchas certezas, lo que lleva a considerar que probablemente una vez superada la crisis no todo volverá a ser igual que antes, el sistema económico lucrativo y la cultura del descarte (EG 53), deben ser sometidos a un severo escrutinio, a fin de aprovechar la oportunidad de repensar la estructura económico-financiera mundial e iniciar procesos económicos y sociales hacia una transición que conduzca a estructuras globales que garanticen la justicia, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos.
De hecho, las consecuencias nocivas para los derechos de los trabajadores y el medio ambiente resultantes de niveles sin precedentes de consumo y producción están actualmente bajo la mirada de todos. Al mismo tiempo, crece la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, lo que fomenta la posibilidad de una regulación más estricta que proteja adecuadamente la dignidad de cada persona, así como cadenas de suministro más resistentes, capaces de proteger la creación encomendada por Dios al hombre.
En este sentido, las palabras pronunciadas por el Papa Francisco con motivo del mensaje Urbi et Orbi de la Pascua 2020 deben ser meditadas cuidadosamente por todos, comenzando por los líderes económicos y políticos: “En las últimas semanas, la vida de millones de personas ha cambiado repentinamente. Para muchos, quedarse en casa fue una oportunidad para reflexionar, detener el ritmo frenético de la vida, estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Para muchos, sin embargo, también es un momento de preocupación por el futuro incierto, por el trabajo que probablemente se perderá y por las demás consecuencias que trae consigo la crisis actual. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios y herramientas necesarios para que todos puedan llevar una vida digna”.
Leonardo Salutati
