Catalino Guerrero, al centro, bajo la sombrilla, es acompañado por el senador Bob Menendez, izquierda, y el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, detrás de Guerrero, durante un mitin frente al edificio de inmigración en Newark antes de acudir a una audiencia sobre su estatus migratorio, el viernes 10 de marzo de 2017, en Newark, Nueva Jersey. Guerrero, que llegó a Estados Unidos ilegalmente en 1991, enfrenta la deportación. Los organizadores afirman que es un ciudadano sobresaliente y no debería ser deportado.
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El líder de la mayor arquidiócesis de Nueva Jersey inclinó la cabeza y oró junto a un mexicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos hace décadas antes de que éste entrara a un edificio federal para enfrentar una posible deportación, un ejemplo destacado de cómo los líderes religiosos están respondiendo a las acciones del presidente Donald Trump para expulsar a los inmigrantes.
El cardenal Joseph Tobin, jefe de la arquidiócesis de Newark, encabezó un mitin el viernes en apoyo a Catalino Guerrero, de 59 años, quien —dijo— encarna el costo humano de una política de inmigración fallida.
A Guerrero, cuyos problemas con las autoridades migratorias comenzaron antes de que Trump asumiera el puesto este año, se le dio una extensión de 60 días para que tratara de obtener una suspensión a la orden de expulsarlo.
Guerrero, quien radica en Union City y tiene cuatro hijos e igual número de nietos, “le da un rostro” a lo que con frecuencia se ve como “estadísticas o demonios”, afirmó Tobin antes de la audiencia.
“Ustedes pueden ver cuál es el aspecto de Catalino, y han escuchado cómo ha vivido”, dijo el cardenal. “Ahora le vamos a solicitar a las autoridades que determinarán su destino que no sólo vean su rostro, sino también el nuestro”.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha emitido un flujo constante de críticas a las restricciones de Trump sobre los refugiados y los inmigrantes. Otros grupos religiosos, incluida una red de 37 confesiones protestantes y ortodoxas que trabajan con el grupo de ayuda humanitaria Church World Service (Servicio Mundial de Iglesias), han movilizado a sus feligreses para que combatan las políticas de Trump.
Cientos de templos en todo el país se han unido al movimiento conocido como “santuario”, en el que se proporciona apoyo e incluso vivienda a personas que podrían ser deportadas.
Guerrero ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde México en 1991, ha trabajado constantemente, ha pagado impuestos, es propietario de su casa y no tiene antecedentes delictivos, dijo el senador demócrata Bob Menendez. Hace varios años solicitó un permiso de trabajo, pero llenó un formulario de manera incorrecta y por error pidió asilo, agregó el legislador.
Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que se ordenó la expulsión de Guerrero en 2009, y periódicamente debe reportarse ante el ICE como condición para su libertad.
El abogado de Guerrero, Cesar Estela, dice que su cliente tiene diabetes y hace varios años sufrió un derrame cerebral. Estela indicó que aprovechará la extensión otorgada para iniciar el trámite de residencia legal.
La deportación del inmigrante ha sido demorada principalmente debido a sus problemas médicos, señaló el abogado. Sin embargo, en una reunión con abogados del ICE el mes pasado, a Guerrero se le dijo que programara entregar su pasaporte el viernes. Estela indicó que ese mismo día trató de obtener una suspensión de un año en la deportación de su cliente, pero no se le concedió eso. La próxima audiencia sobre el caso será el 22 de mayo.
Después de salir de la audiencia del viernes, Guerrero abrazó a una de sus nietas.
“Es un hombre muy bueno. No tiene razones para regresar” a México, dijo otra nieta, Lizbeth Perez, de 10 años, quien se esforzaba por no llorar. “No es un delincuente ni nada por el estilo. Me siento realmente triste de que le estén haciendo esto porque no hizo nada”.
Menendez dijo que esperaba que el caso de Guerrero y otros similares en todo el país impulsen nuevos intentos de lograr una reforma migratoria. Menendez y el senador demócrata Cory Booker le escribieron al director interino del ICE para pedirle que sopese el caso de Guerrero y utilice los recursos de su agencia en la gente que representa un riesgo para la seguridad.
“Espero que el presidente Trump esté viendo esto porque Catalino Guerrero no es un ‘bad’ hombre”, afirmó Menendez, refiriéndose al término utilizado por el mandatario para la gente que sería objeto de deportación.
Trump ha dicho que sus políticas sobre la inmigración y los refugiados son necesarias para proteger al país.
Tobin ha sido crítico de las políticas de Trump y discutió con el vicepresidente Mike Pence cuando, como gobernador de Indiana, quería impedir que los refugiados sirios se asentaran en el estado. En ese entonces, Tobin era arzobispo de Indianápolis.
El mes pasado, el cardenal dijo que el decreto de Trump por el cual se prohibía temporalmente el ingreso a las personas provenientes de siete países de mayoría musulmana era “descabellado”. Indicó que los legisladores deberían enfocarse en corregir las leyes que regulan la inmigración y no en una deportación a gran escala.
A través de diversos programas, los obispos estadounidenses constantemente reacomodan al mayor número de refugiados en Estados Unidos y proporcionan apoyo a los inmigrantes en todo el país.
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La periodista de The Associated Press Rachel Zoll colaboró desde Nueva York.
